13/07/2009 - FINANCIACIÓN A LA CARTA
No ha sido el parto de los montes, pero la propuesta de acuerdo sui generis para resolver la financiación de las Comunidades Autónomas se ha quedado en poco más que un reparto de recursos dinerarios, pero invirtiendo el proceso: en vez de trazar primeramente el modelo o fórmula polinómica de factores a tener en cuenta y aplicarlo a las distintas comunidades en cada anualidad del quinquenioal que se aplicará en su materialidad, se ha negociado con Cataluña y Andalucía, sustancialmente, la cantidad de dinero complementario que recibirán sobre sus ingresos ordinarios y se han ajustado los índices básicos y correctores para darle soporte de una apariencia de rigor matemático. Es lógico que haya satisfacción en el tripartito catalán y en el gobierno de Griñán, porque entre ambos se llevarán casi la mitad del fondo especial propuesto.
Y podríamos conceder que, efectivamente, se aplicará en el futuro la fórmula ideada y se explicará la bondad del modelo que corrige un real desfase de las inversiones del gobierno central en Cataluña en los últimos años y la necesidad de aportaciones solidarias a Andalucía, pero al margen de conceder que es de todo punto necesario reconocer la realidad demográfica como factor básico para determinar las necesidades de gasto de las CC.AA., la propuesta reduce de forma significativa otros elementos como la extensión del territorio o la dispersión demográfica que pasan a tener un peso poco más que simbólico, aunque se haya mejorado el tratamiento de las pirámides de edad.
Se trataba , y se trata, de conseguir un acuerdo con las dos comunidades más poderosas en términos demográficos y políticos, y hay que comprender que conseguir su aceptación de la propuesta entran en la normalidad de la táctica política. Pero la fijación incluso de cantidades, tanto la global de once mil millones como la adjudicación entre los principales actores supone un real menosprecio de las comunidades autónomas con menos poder político, con independencia de quien las gobierna.
Hay que reconocer a Rodríguez Zapatero una especial habilidad para salir de las dificultades que se le plantean con soluciones transitorias y medidas coyunturales de efecto. La mejora de la financiación autonómica, aparte de ser una necesidad apremiante, corría el riesgo de acumularse a una inmediata decisión del Tribunal Constitucional que podría poner en cuestión los preceptos del Estatut sobre financiación. Era urgente buscar el acuerdo con Cataluña aun a costa de aumentar el déficit del Estado y enojar a otras comunidades, para las que se ha previsto algunos fondos de poca monta para llevarles algún consuelo por la discriminación de trato. Así lo ha conseguido. La vicepresidenta Salgado ha negociado lo que se podía negociar con los más poderosos, a la carta; para los demás, menú.
Cuando se reúna pasado mañana el Consejo de Política Fiscal y Financiera, las distintas Comunidades mostrarán su conformidad o rechazo. Pero si es cierto, como ha dicho el Presidente del Gobierno, que ninguna perderá recursos y se aproximarán a la media, es muy posible que la propuesta salga adelante y pase al Congreso de los Diputados donde será aprobada. Pero por buenos que sean los resultados, quedará el mal sabor político de una negociación que ha partido de un procedimiento más que heterodoxo y con resultados que pueden afectar al principio de solidaridad entre los distintos territorios de España.