29/06/2006 - LOS JUECES Y LA NEGOCIACION CON ETA
Las últimas actuaciones del juez Grande Marlasca han obtenido tantos rechazos como apoyos en el mundo político y en diversos medios de comunicación, respondiendo a la división cada vez más profunda entre dos universos de españoles que están llevando sus diferencias ideológicas al ámbito del rencor y del enfrentamiento visceral: así como suena. Sobre el espacio jurisdiccional de la Audiencia Nacional, absolutamente necesaria pero con unas competencias que en muchos casos tienen un marcado contenido político y que asocia un difuso legado de lo que representó durante el franquismo el TOP, gravita la gran entidad de los delitos de los que conocen los juzgados y Sala de lo Penal, especialmente los referentes al terrorismo, a los delitos masa y a los de corrupción en un sentido amplio. Esto supone que, quieran o no, pero más si quieren, los magistrados destinados en la Audiencia Nacional se conviertan en lo que ha quedado bautizado como "jueces estrella", expuestos a padecer las críticas de afectados y adictos sin analizar las bases jurídicas y fácticas que fundamentan sus decisiones que, generalmente, son correctas formal y materialmente.
Pero el exacerbado estado de opinión que se viene padeciendo en España en los últimos tiempos distorsiona hasta la falsedad lo que acuerdan los jueces y tribunales de la Audiencia Nacional, a la que ha afectado muy directamente la radical politización del Consejo General del Poder Judicial, convertido en una especie de minicongreso de juristas metidos a políticos que tratan de suplantar las funciones de otros poderes del Estado con sus particulares aderezos ideológicos.
Y si este fenómeno es palmario en líneas generales, cobra una dimensión sobresaliente cuando los asuntos que se enjuician se refieren al terrorismo. En estos casos, osados comentaristas políticos y políticos poco templados, previo acatamiento de las decisiones judiciales ¡faltaría más!, se lanzan no solo a tildar de politizadas las decisiones que toman los jueces sino a cuestionar la instrucción de sumarios, a valorar pruebas y aplicación de normas y, más aún, a poner en duda la independencia e imparcialidad de los jueces, sin desconocer por eso que los jueces tengan una visión subjetiva de la realidad social. Y es que se ha llegado a un punto en el que algunos actores de la vida política española y sus adherencias mediáticas no tienen empacho en destruir el crédito de las instituciones para conseguir sus objetivos, sustancialmente echar al PSOE del poder y hacerse con todos los poderes del Estado, institucionales y fácticos.
Ni siquiera cuando se está considerando el fin del terrorismo etarra se ha dado tregua ni al gobierno ni a los jueces y fiscales, ni a las fuerzas de seguridad, ni a los servicios de inteligencia, aunque la novedad reside en implicar ahora a los jueces en un proceso de descalificaciones si sus decisiones pueden favorecer de algún modo el fin del terrorismo o por el contrario, obstaculizarlo, aunque esto sea menos frecuente. Los distintos titulares de los juzgados y tribunales de la jurisdicción penal han dictado numerosas resoluciones en materia de terrorismo y algunas de ellas han sido objetadas en uno u otro sentido. Lo que no cabe ignorar, y tampoco los jueces, es que en España estamos ante una nueva situación respecto al terrorismo etarra, y que este hecho debe tener su trascendencia en el ámbito penal. El cuánto y el cómo es más difícil de determinar, porque las leyes penales siguen vigentes y sólo cabe aplicar y de modo personalizado las atenuantes que procedan y los beneficios penitenciarios que correspondan: nada más, pero tampoco nada menos.
El objetivo de acabar con la violencia de ETA y poner las bases para solucionar el problema vasco dentro del marco constitucional tiene tanta trascendencia que debe obtener todo el apoyo de las fuerzas políticas y sociales sin otras reservas que las que ya han sido expuestas hasta la saciedad. Sería imprudente pedir el mismo apoyo a los jueces, que no lo pueden prestar cuando ejercen su jurisdicción, pero de algún modo habría que hacerles llegar el mensaje de no caer en el área de influencia de quienes parecen estar empeñados en que fracase el proceso de paz. Si el Presidente del gobierno anuncia hoy mismo el comienzo de conversaciones con el mundo etarra, parece justo que no se le pongan obstáculos más allá de lo que determinan las leyes y una interpretación favorable al bien protegible más importante: la paz.
Leon Buil Giral