30/12/2005 - LOS POPULARES ENMIENDAN
Casi al término de la última prórroga del plazo reglamentario, el partido popular ha decidido plantear más de un centenar de enmiendas al texto del proyecto de Estatuto de Cataluña, moderando así su posición anterior de negación total a debatir lo que consideraban una reforma encubierta de la Constitución española. Sobre la base del estatuto vigente, pretenden que se incorporen las competencias que ha venido asumiendo la Generalitat en los últimos años y algunas otras de nuevo cuño que, al entender de los dirigentes populares, no ponen en riesgo la unidad de España ni crean asimetrías importantes en la distribución del poder. También es cierto que en este cambio de actitud ha pesado la definición del modelo de financiación que ha ofrecido el Gobierno que, en todo caso, sería común para todas las Comunidades Autónomas y descarta una cesión de soberanía tributaria.
Sean cualesquiera los motivos del cambio, hay que felicitarse de que el principal partido de la oposición se incorpore a los debates y aporte sus propuestas a una norma que es inconcebible sin un consenso básico de todas las fuerzas políticas que tendrá que fraguarse sobre concesiones importantes. Los meses transcurridos desde que se cerrara el acuerdo del Parlament han saturado la vida política española de enfrentamientos y crispación a cuenta de un texto que salió del parlamento catalán con numerosas tachas de inconstitucionalidad y con unos planteamientos políticos que llevaban a crear de facto una situación confederal entre desiguales o, peor aún, a extenderla a todo el Estado con riesgo de su desaparición. El Gobierno había advertido en reiteradas ocasiones los límites existentes, aunque ciertamente sin la precisión adecuada y con una posiblemente calculada ambigüedad para no interferir en otros procesos políticos, pero a costa de sufrir un importante desgaste como consecuencia de la campaña de desinformación y hostigamiento de los populares.
Pero esta situación no podía prolongarse en el tiempo sin enrarecer más aún el clima político: para el Gobierno, porque necesita encauzar el problema del poder territorial en términos de una aceptación muy generalizada y poder abordar otros asuntos de su programa con proyección social más positiva; para la oposición popular, porque no puede quedarse aislada y ausente de un proceso trascendental para España, aunque discrepe profundamente del procedimiento -tampoco existía otro- elegido por los legítimos representantes del pueblo catalán para mejorar su autogobierno. Esto viene a confirmar una vez más que las decisiones políticas en cuestiones de tácticas son muy complejas, pero siempre tienen una motivación prioritaria que prevalece sobre las demás, lo que no quiere decir que vayamos a asistir a un cambio de posiciones y conductas.
La prueba más inmediata de que esto es así la encontramos en la sesión de la Mesa del Congreso esta misma mañana, al negarse el partido popular a una prórroga del plazo de enmiendas al proyecto de Estatuto de Cataluña, salvo que se extendiera hasta el inicio del nuevo período de sesiones. Esto hubiera supuesto no solo dilatar la tramitación, sino prolongar la ofensiva contra el texto y sus autores y valedores, contra el Gobierno, en suma. Como casi todo el mundo sabe, la negociación sobre un proyecto de ley puede seguir durante toda la tramitación, incluso durante la propia sesión plenaria. La prórroga o el vencimiento del término para enmiendas, poco puede influir en el resultado de la negociación con los partidos catalanes que apoyan el proyecto de estatuto, pero ha puesto en evidencia que el partido popular, aunque ha presentado sus enmiendas y va a participar en los debates -de lo que tenemos que felicitarnos-, no piensa enmendar la estrategia política que viene desarrollando para intentar recuperar el poder: algo que no se les puede reprochar si se ajusta a unos mínimos de ética política. Que existe, aunque no lo parezca.