19/03/2009 - Corrupción urbanística:la punta del iceberg
Cuando aún están vivas las informaciones sobre corrupción urbanística y otros delitos conexos en la Axarquía y otras localidades de la costa mediterránea, y muchos otros procedimientos en ejecución de sentencias condenatorias, que no se ejecutan en numerosos casos, se suma uno más en la localidad de La Muela que, aunque venía siendo objeto de sospechas, había eludido hasta ahora el cumplimiento de las normativa urbanística, los intentos de control de la administración autonómica y las muchas y variadas protestas de vecinos. Hasta que finalmente, una denuncia en forma ha puesto en marcha la apertura de diligencias judiciales que, provisionalmente, ha supuesto la detención de dieciocho personas imputadas en varios delitos derivados de los presuntos ilícitos urbanísticos.
La abundancia de estas prácticas ilegales, por la multitud de casos manifiestos y comprobados en los más diversos lugares del territorio nacional, se ha convertido en un fenómeno que solo alcanza reproche social cuando ha dado lugar a enriquecimientos extraordinarios o cuando va acompañado de otros delitos o de condiciones personales del delincuente que generan repulsión. Por el contrario, en la generalidad de los casos se aceptan con indulgencia las recalificaciones urbanísticas a la carta, los convenios asimétricos con promotores, las licencias de construcción en suelo no urbanizable pese a la evidencia del fraude de ley, así como otras prácticas que han convertido a nuestro país y más concretamente a algunas comunidades autónomas en el paraíso de la impunidad en materia de urbanismo, donde toda extralimitación incluso de carácter delictivo, no tiene normalmente consecuencias sancionadoras.
Desde el punto de vista de las administraciones locales se ha justificado la laxitud en la aplicación de las normas urbanísticas y Planes de Ordenación en la necesidad de recursos económicos de las arcas municipales, que han visto disminuir sus ingresos por participación en impuestos estatales en tanto asumían obligaciones crecientes de servicios a los ciudadanos. La propia prolijidad de la elaboración de los instrumentos de ordenación urbanística han propiciado el dimensionamiento excesivo de las previsiones de crecimiento y necesidades del suelo, lo que ha dado como resultado la especulación en cascada y las presiones para obtener las condiciones más favorables de edificabilidad.
Distinto y más grave es el caso de los responsables municipales y de otras personas que intervienen en alguna medida en la aprobación de las normas de planeamiento que han puesto el urbanismo y sus aplicaciones concretas a su servicio, pidiendo y aceptando comisiones y favores de quienes están dispuestos a corromper a quien se le suponga algún punto vulnerable de esa honradez, no tan abundante como se predica.
La cuestión que plantea esta situación es la dificultad de acabar con prácticas que, en definitiva, benefician a unos pocos en perjuicio de todos los demás y que, sin embargo, gozan de una relativa tolerancia y hasta aplauso en los lugares concretos. Las aclamaciones que han obtenido personas imputadas o incluso condenadas por delitos de esta naturaleza nos dan la medida de un sector social que ha perdido sus referencias de honradez y toman el papel de la justicia y sus actuaciones según les favorezcan o perjudiquen.
Resulta obvio que es difícil para quienes tienen que poner coto a estas conductas actuar con eficacia y ejemplaridad, cuando la mayoría de imputados y condenados dicen tener "la conciencia tranquila" y una buena parte de sus conciudadanos les encumbran. Pero el Ministerio Fiscal y los jueces tienen que dar la batalla sin descanso, analizando de oficio si no hubiera denuncia o querella todos aquellas operaciones que exceden las pautas normales de desarrollo y están en boca de todos por una aparente ilicitud. Los delitos urbanísticos como los perpetrados contra el patrimonio artístico o los medio ambientales, producen resultados difícilmente reversibles. Y antes de que la impunidad de tales conductas conviertan nuestro territorio en un pandemónium en el que se hagan sitio las patentes de corso y se destruyan bienes que son de todos, hay que actuar con energía y sacar a la luz la parte oculta de ese gran fraude nacional: desde los Pirineos hasta Tarifa.