25/04/2008 - LAS GUERRAS PERVERSAS DEL AGUA
Como en ocasiones no muy lejanas en el tiempo, el agua se ha colado en el centro de la polémica política y social de media España, en tanto la otra media mira con perplejidad el fenómeno sin entenderlo, porque en la polémica abierta por la transferencia/conducción/trasvase/suministro o como se le quiera llamar a Barcelona y su entorno, falta la objetividad y sobra la pasión, especialmente la pasión política. La cuestión se planteó en términos de urgencia, pese a que el Gobierno catalán ya tenía referencias y datos abundantes sobre la situación desde meses atrás, una vez transcurridas las elecciones generales y nombrada la nueva ministra responsable del medio ambiente. Y entre las varias soluciones que se venían proponiendo, se eligió prolongar la derivación de aguas del delta del Ebro mediante la construcción de una tubería que llevara hasta una cantidad de 40 hectómetros cúbicos a la zona de Barcelona para paliar la previsible carencia para consumo urbano. Todo parece normal y aceptado por todos o casi todos, incluso el Gobierno aragonés y los de Valencia y Murcia, porque no se puede privar a nadie del agua para consumo humano.
Pero a partir de este punto de acuerdo, las discrepancias son totales. Si por una parte el Levante español reclama igual trato que Cataluña y exige la ejecución del derogado trasvase del Ebro -aunque el ahora aprobado es temporal y de 40 Hm³ y el derogado definitivo y de 1050 Hm³-, en el sureste demandan mayores dotaciones del sistema Negratin-Almanzora, los afectados directos por el trasvase Jucar-Vinalopó dicen que no resolverá nada y que no hay agua bastante, y los regantes de toda la cuenca del Ebro se niegan a ceder caudales o a vender derechos, porque considerando el descenso en la pluviometría media, no habrá reservas hídricas ecológicas y peligran los cultivos especialmente en el delta. Al tiempo se alega la exigencia de unidad de cuenca (aunque en la actualidad se lleva del Tajo al Guadiana con la gran tubería manchega, o los antes nombrados), o los respectivos Estatutos o las Directivas europeas.
A todo esto, resucita el debate entre los partidarios de una mayor regulación de los ríos pirenaicos construyendo nuevos embalses y los conservacionistas, por otra parte, que consideran que no deben construirse, sino modernizar los regadíos y reducir el consumo de agua en todas las líneas, incluso en el ámbito doméstico, algo que ya se ha realizado en un alto porcentaje. Pero cuando en las amplias zonas regables aragonesas e ilerdenses se dispone de unas reservas que no alcanzan el 40%, insuficientes para garantizar las cosechas, resulta difícil no apostar por aumentar la capacidad de embalses para acumular recursos plurianuales, igual que resulta lógico que se opongan a cualquier detracción de recursos. Hasta aquí, todo parece lógico.
Pero si se examina algunas reacciones políticas y mediáticas, especialmente en Aragón, cualquier persona medianamente avisada pensará quedetrás de todo este tumulto hay algo más. Al igual que ya ocurriera en 1981 con el llamado ministrasvase de Tarragona, se está aprovechando esta real emergencia recogida en el Decreto-ley para atacar al gobierno aragonés y al del Estado, equiparando con trampa la negativa a los trasvases, en general y en especial al del Ebro, con una solución que hoy por hoy es de ínfima entidad, necesaria y provisional.
A partir de esta aclaración se puede reprochar a los sucesivos gobiernos catalanes su falta de previsión, al gobierno de Rodríguez Zapatero no haber consultado con todos los afectados y a la nueva ministra responsable de Medio Ambiente, dejar a los pies de los caballos a su compañero de partido Marcelino Iglesias: pero no se puede condenar una medida que en cualquier año venidero tendrá que aplicarse en una España cada vez más seca: aunque la condena persiga como razón oculta el quebranto de un rival político.