14/02/2006 - LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO
Hoy se clausurará el Congreso de Víctimas del terrorismo en Valencia que se ha desarrollado bajo una alta carga de emotividad, reforzada por el reavivamiento de todos los episodios de dolor que ha ocasionado la criminalidad terrorista y las sospechas sobre la existencia de un proceso de negociación o de meros contactos del Gobierno o de sus enviados, o de intermediarios por libre, con la banda terrorista de ETA. Es comprensible para cualquiera que, aunque se trate de crímenes remotos en el tiempo las heridas morales no han cicatrizado y que, pese a que durante los dos últimos años no se han dado hechos sangrientos de autoría etarra, no hay ninguna seguridad de que alguna facción de la organización terrorista pueda volver a utilizar la máxima violencia. Del mismo modo que entre los penados que cumplen condena existen distintas posiciones sobre el futuro de la banda, desde quienes abogan por abandonar la lucha armada hasta los que apoyan un recrudecimiento de los atentados, se sabe que entre los cabecillas en libertad, no existe acuerdo sobre la estrategia a seguir. Rodríguez Zapatero es optimista sobre el inicio del fin, pero aún falta un largo camino que la ultraderecha española tratará de hacer más dilatado y penoso.
El problema fundamental, como reiteradamente se está poniendo de manifiesto en el citado Congreso, es la retribución penal por los crímenes ejecutados que, unos por un real sentido de justicia y otros por un comprensible instinto de venganza, consideran que debe aplicarse sin ningún género de favor o beneficio `penitenciario. Es lógico y, además, una emanación directa del estado de Derecho que no puede establecer diferencias donde la ley no lo permite. Pero también es necesario tener en cuenta otros factores que concurren en esta espinosa cuestión: la obligación de cualquier gobernante de explorar todas las posibilidades de acabar con el terrorismo. Así lo han hecho los sucesivos presidentes españoles, Suárez en Paris y Londres, González en Argel, Aznar en Suiza, rodeando de la máxima discreción los contactos habidos. En ningún caso, que se sepa, se ha ofrecido la libertad de los condenados por delitos de sangre, ni tampoco se hará en esta ocasión si se llegan a materializar los contactos. Siempre el primer requisito ha sido el abandono de la lucha armada, sin el que no cabe ningún tipo de negociación.
Pero en lo que difiere la situación actual de otras anteriores es en el apoyo de los partidos de la oposición a la hipotética negociación con los terroristas. El partido popular prestó tal apoyo explícitamente en privado e implícitamente en público cuando se desarrollaban las conversaciones de Argel. También lo hizo el partido socialista cuando Aznar aprovechó la tregua de ETA para entablar un principio de acuerdo en Lausana. Nadie respiró entonces, cuando las víctimas directas del terrorismo, estaban poco menos que abandonadas a su suerte porque era peligroso solidarizarse excesivamente con ellas.
Ahora es como si hubiéramos cambiado de país, de escenario y de valores. Por primera vez durante esta etapa democrática el Congreso de los Diputados, en donde está representada la soberanía popular -aunque también esto parece cuestionarse por la vía de los hechos-, autorizó al presidente del Gobierno a buscar la paz siempre con la condición previa e inexcusable de que la banda terrorista abandonase las armas. También por primera vez desde el tardofranquismo, llevamos dos años sin que se hayan producidos atentados con daños a las personas, y sin que haya descendido la presión policial sobre los etarras. ¿Qué es lo que está ocurriendo para que la lucha antiterrorista y su posible salida se haya convertido en el arma preferida para atacar al Gobierno? Lo han dicho con toda claridad ayer los representantes de las victimas del terrorismo: se está empleando el dolor de los afectados como arma para conseguir objetivos partidistas; se está falseando un proceso que no ha comenzado aun mezclándolo con inexistentes excarcelaciones -que nunca competerían al Gobierno- para soliviantar a la opinión pública; y se está introduciendo la dinámica de vencedores y vencidos, repartiendo ya las coronas de laurel y de espinas, como si una paz duradera y justa no fuera un objetivo a perseguir con todas las fuerzas.
Pues bien: una gran mayoría de los españoles queremos la paz, no a cualquier precio, pero sí sabiendo que no será gratuita. Lo quieren muchas víctimas directas del terrorismo, que desean que se acabe la violencia y el dolor. Lo queremos las demás víctimas del terrorismo de segunda y tercera fila: los muchos millares que hemos sido amenazados directamente o figurando en las listas de los terroristas, los parientes y amigos de los afectados, los que han tenido que huir del país vasco por temor a represalias, los que no pueden hablar con libertad de sus ideas políticas, los que recelan de tomar sus vacaciones en una playa por temor a los atentados, las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado que tienen que vivir con sus familias en vilo. La paz, en suma, la queremos todos los españoles. No a cualquier precio, nunca con olvido de las víctimas, pero queremos la paz.
León Buil Giral