León Buil

21/11/2006 - EL MIRAMIENTO POLITICO


Los rifirrafes a cuenta de algunos favores políticos, de inversiones de las administraciones públicas o de los contraproyectos o proyectos competidores, son continuos por toda la geografía mundial y cobran carta de habitualidad cuando tales prácticas afectan, por exclusión, a pequeñas comunidades o a zonas de territorio marginales. Es en estos casos cuando se pone el grito en el cielo y se pregonan los tratos discriminatorios que siempre o casi siempre se dan en beneficio de las ciudades más poderosas y ricas, por aquello de la solidaridad entendida al revés.
Los sistemas democráticos han permitido atenuar estas conductas que se alimentaban en viejas prácticas caciquiles y clientelistas, o en fervores desmesurados por la patria chica, o con más rareza en intereses inconfesables que se beneficiaban de las obras públicas. El control público, y muy especialmente el mediático, y la tipificación como delitos del tráfico de influencias y el uso de información privilegiada han conseguido lo que no logró una moral social cada vez más permisiva con las conductas fraudulentas. Y la tendencia no ha variado porque es fácil comprobar que los escándalos urbanísticos que están emergiendo en cadena acumulan menos reproche social que satisfacción de los sentimientos de envidia.
Pero una cosa es el abuso del poder y otra bien distinta usarlo para corregir las carencias y las desigualdades sociales. Esta es la esencia de la política bien entendida desde planteamientos de justicia social porque, si se adoptan principios economicistas, el objetivo será explotar a los ajenos y acumular riqueza en unas pocas manos: esto es lo que está ocurriendo en realidad con el proceso de globalización económica que ha subvertido torticeramente sus evangélicas declaraciones de principios.
Aquí estamos afortunadamente lejos de las situaciones de penuria y explotación del tercer mundo. Se ha erradicado el hambre y las enfermedades derivadas. Existe una situación de empleo aceptable aunque la tendencia mundial sea precarizarlo. La educación está atendida satisfactoriamente. Entonces ¿de qué podemos quejarnos? Sustancialmente de la desatención de la justicia distributiva y del recorte de expectativas de futuro.
Con el señuelo de haber rota la tendencia demográfica regresiva y haber ingresado en los territorios que cuentan con comunicaciones por autovía, se ignora que una simple retracción en la actividad del sector de construcción nos devolvería a cifras negativas; que la capita de la provincial, descontada la población inmigrante, permanece estancada desde hace quince años; que otro tanto ocurre en Barbastro y Monzón pese al empuje de sus vecinos por crear focos de producción que atraigan residentes; que amplias zonas del Alto Aragón siguen perdiendo vecindario porque las oportunidades de progreso son muy inciertas. Globalmente, la provincia de Huesca ha venido perdiendo posiciones en renta per capita en el conjunto nacional durante los últimos veinte años, y eso que no se computan con rigor los absentismos del capital y tiene escasa importancia la economía sumergida, al contrario que ocurre en otras zonas del país.
Todas estas reflexiones pueden resultar aburridas, pero de un modo u otro todos los ciudadanos que tienen conciencia de tales, las reproducirán de un modo u otro, porque la preocupación por el futuro de las ciudades y pueblos altoaragoneses es general y se considera problemático y muy especialmente en aquellas localidades que no se favorecen directamente de las actividades de tipo turístico.
El Gobierno aragonés impulsó durante la anterior legislatura algunas iniciativas para favorecer el reequilibrio de las distintas zonas del territorio, como es el caso de Walqa, el descafeinado CDAN, Pirenarium, la ciudad del motor de Alcañiz o Platea de Teruel, aparte de volcar en esta ciudad grandes recursos. Son algunos ejemplos, pero hay muchos más. El resultado ha sido muy favorable y se ha notado en algunos índices muy reveladores, como las licencias de apertura o el número de viviendas, automóviles y teléfonos. Teruel ha conocido un despegue muy notable que le ha llevado desde 1997, cuando contaba 28.994 habitantes, a los 33.238 con que cuenta hoy. Otras ciudades como Calatayud y Ejea están en un real proceso de desarrollo. Pero aquél impulso que anotábamos parece que se ha atenuado últimamente. Es cierto que la capital turolense se ha beneficiado de acuerdos de gran trascendencia como la ampliación del museo en el que se invertirán más de nueve millones de euros, o la ampliación de la rehabilitación del conjunto urbano, o el proyecto de Caudé, pero no se puede decir lo mismo en el Alto Aragón.
Se ha dicho muchas veces en las riberas del Ebro que el actual Gobierno aragonés se bascula hacia el norte, hacia el Alto Aragón. No es cierto, pero debería serlo si de verdad se quiere una comunidad homogénea y equilibrada. Y es que de tanto magnificar en Zaragoza las inversiones en los confines aragoneses, quizá se ha instalado en la conciencia de los gobernantes un cierto miramiento político, una cautela que frena la política de reequilibrio y prima las inversiones en la capital que, por causa de la Expo-2008, acumula no solo la mayoría del gasto corriente en cuanto centro administrativo y de servicios de toda clase, sino también en inversiones que redundan en su directo beneficio.
Parece muy bien que se arrope a nuestra capital regional para que saque fruto cumplido de un evento tan extraordinario como es la Exposición Internacional, pero cabe pensar que nuestras autoridades políticas no deben tener miramientos a la hora de repartir y armonizar la riqueza y el desarrollo de toda la Comunidad Autónoma, la más desequilibrada de España en muchos aspectos.

Leon J. Buil Giral