25/04/2006 - Más autonomía ¿Mejor gobierno?
Cuando se dio redacción definitiva al Título VIII de la Constitución fuimos muchos los constituyentes que consideramos que la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas ocasionarían disfunciones en la actividad pública y crearían desigualdades de en el desarrollo y aplicación de las normas competenciales entre los distintos territorios españoles. Y aunque los responsables políticos más inmediatos defendieron la solución adoptada amparados en la exclusividad estatal para dictar las bases y coordinación de la planificación de la actividad económica y las leyes armonizadoras, es lo cierto que materias como ordenación del territorio y urbanismo, medio ambiente y cultura han conocido una ordenación discorde, confusa y en ocasiones nefasta en algunas Comunidades Autónomas, con resultados que empiezan a manifestarse con preocupante trascendencia.
El discurso político en estos días, sin embargo, se multiplica en términos totalmente distintos al resguardo de los límites de autonomía alcanzados por el Estatut catalán. Los partidos nacionalistas han puesto el énfasis en remarcar la identidad de cada Comunidad atribuyéndose soberanías de origen, derechos históricos y naturaleza de "nación", en una carrera pueril por ser tanto como el que más a la hora de negociar con el Estado, como si los pueblos de España hubieran determinado afrontar un proceso constituyente federal. Pero en esta pugna por ser los más osados, se les han unido otros partidos estatales y organizaciones sindicales y cívicas de otra naturaleza, en buena medida porque todavía una parte de la sociedad española conserva tics antifranquistas que le lleva a arremeter contra el poder del Estado, las provincias y cualquier conservación de la administración periférica.
Afortunadamente esta situación no es generalizada y, por el contrario, se circunscribe a aquellos territorios autonómicos donde el nacionalismo -real u oportunista- tiene alguna proyección política, como son los casos de Euzkadi y Galicia. Más maravilla el caso andaluz, donde un presidente como Chaves que gobierna con mayoría absoluta y que gobierna un pueblo que no se siente "nación", se ha unido a los representantes de IU para llevar al texto del Estatuto una fórmula eufemística que no se sabe bien qué pretende, aparte de confundir a la gente y apuntarse a la gran carrera de las nacionalidades. Por supuesto que Andalucía, como decía entre otros Javier Perez Royo, tiene una identidad fundada en sus ocho siglos de poder musulmán, pero también lo tendrían Castilla y León por su pasado celtíbero, Murcia como feudo bizantino o Tortosa por su secular dependencia de la Orden del Hospital. La vieja Iberia tiene muchos rincones con una acusada personalidad, pero nada distinta que la que se da en otros Estados europeos de muy reciente configuración. Lo de los derechos históricos es otro enredo que sacan a relucir quienes no se han molestado en analizar el poder efectivo de las Cortes y asambleas históricas, en las que con alguna notable excepción siempre prevalecía el poder de los reyes.
Por estas y muchas otras consideraciones que podrían componer un extenso tratado sobre la supremacía del fuero sobre el contenido del huevo, no se entiende que el discurso de la ampliación del autogobierno no se ciña a lo que verdaderamente puede importar al ciudadano: la asunción de competencias que mejoren la prestación de los servicios públicos y faciliten el desarrollo de las comunidades regionales. Esto es lo que se ha propuesto en Cantabria o en Aragón, donde Marcelino Iglesias ha dirigido una reforma estatutaria consensuada con las demás fuerzas políticas que pretende ampliar el autogobierno para mejorar la acción política: no para tener más poder, sino para administrar mejor el poder al servicio de los ciudadanos.
Porque hay que volver a insistir que no toda descentralización o delegación de competencias ha de redundar en mejor gobierno, fiándolo todo a la coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas. La unidad y permeabilidad del mercado, la igualdad de las bases de desarrollo económico, la unicidad en la gestión de las grandes infraestructuras de interés nacional, la estabilidad de las normativas generales y la capacidad del Estado para hacer efectivo el principio de solidaridad, son algunos principios que hay que mantener junto con otros que garantizan el impulso conjunto de la nación española para beneficio de todos. Más autonomía y más competencias son objetivos preferentes a la rebuscada semántica para dar una supuesta mayor categoría a nuestros territorios, pero también es necesario valorar qué instituciones pueden defender mejor los intereses generales en el ejercicio de sus competencias.
León Buil Giral