12/06/2006 - INTOLERANCIA Y DEMOCRACIA
Extinguidos los clamores de la última manifestación organizada por el señor Alcaraz y el partido popular, con su consabida guerra de cifras y la no menos habitual interpretación contradictoria de las causas, queda en el ambiente lo que ya existía antes y persistirá durante mucho tiempo en el futuro: la sensación de estar alimentando una creciente ruptura en la sociedad española y la esperanza un tanto forzada en que, pese a la ofensiva con todo que viene desarrollando la derecha montaraz española para hacer fracasar un final democrático y razonable a la violencia etarra, habrá que seguir adelante sorteando todos los obstáculos que se levantan ante la acción del gobierno legítimo, especialmente legitimado por el Congreso de los Diputados para intentar la solución al problema.
Pero, aunque el planteamiento de la cuestión por el Gobierno es irreprochable, la táctica seguida por el partido popular, en exquisito seguimiento de las consignas que le llegan desde la emisora de los obispos y de otros medios afines, sigue unas pautas bien distintas. Decididos a recuperar el poder a cualquier precio, no tienen empacho en desprestigiar y desestabilizar a las instituciones democráticas sin excluir al propio Parlamento ni a los juzgados y tribunales, entrando a saco en la legitimidad y rectitud de las funciones desarrolladas por el gobierno legítimo, por los cuerpos y fuerzas de seguridad y por las instituciones territoriales elegidas democráticamente. Esta locura que ha emponzoñado a un sector dirigente del partido conservador, está llevando a actitudes de intolerancia incompatibles con un real sentimiento democrático que afecta al propio partido, haciendo saltar por los aires cualquier consideración de generosidad o de renuncia a los intereses partidistas en aras del bien general, incluso cuando puedan interesar a un sector o territorio como ahora parece que va a ocurrir con la reforma del estatuto de Galicia, que dicen que vetarán si es semejante al de Cataluña. Lamentable que un partido que representa la alternativa al poder político actual, recurra a métodos muy alejados del juego democrático.
Porque tanto se ha abusado de recurrir a la democracia y al estado de derecho para legitimar cualquier actuación o impedirla que, en nuestra circunstancia, estos vocablos tienen tanto sentido como la solidaridad o la justicia: nada. La democracia ha venido a ser un método de elección para acceder al poder, y nada más; el estado de derecho es la sujeción de los actos a la ley que resulta favorable a los intereses de quien reclama su vigencia; la solidaridad ha venido a ser la cesión a quien no tiene lo que no nos sirve; la justicia es con mucha frecuencia el imperio de la venganza. En fin de cuentas, en muchas ocasiones parece que no se ha avanzado mucho desde Hammurabi o Eurico, y el artículo 25 de la Constitución se esgrime de modo sesgado y parcial.
Es indudable que el primer requisito para que todos los sectores políticos del País Vasco participen en una solución duradera, es el fin definitivo de la violencia y la aceptación de las reglas democráticas. Batasuna y sus dirigentes son primordialmente quienes tienen la obligación, no solo legal sino también moral, de aceptar expresamente tales reglas que son generales y muy anteriores a su ilegalización. Pero también todas las demás fuerzas políticas han de poner de su parte los recursos a su alcance para contribuir a terminar con el terrorismo, condición inexcusable para abordar el problema político. Soliviantar a las víctimas del terrorismo, mezclar presunciones sobre Navarra o la autodeterminación y agitarlo con las fantasías del 11-M, es un ejercicio de libertad democrática, pero se está socavando el crédito y la autoridad que deben ostentar las instituciones democráticas y entorpeciendo gravemente la solución al terrorismo etarra. Muchos tendrían que reflexionar con base en los principios éticos y democráticos sobre esto.
León Buil Giral