27/09/2008 - DE RES PRESUPUESTARIA
Y Solbes ayer anunció lo que ya estaba previsto: los próximos Presupuestos Generales del Estado van a ser restrictivos en el gasto y contractivos en los ingresos, generando un déficit de las cuentas públicas del 1,5% del PIB, lo que viene a ser una novedad absoluta respecto de los últimos ejercicios que han podido lucir superavit.
Las reacciones han sido inmediatas, pero menos ásperas de lo que cabía esperar, y tan solo el partido popular por boca de Montoro ha puesto en cuestión la estructura presupuestaria por no responder a una política adecuada para combatir la crisis, pero no las cifras globales. Las quejas más abundantes han venido de los entes territoriales que ya saben que las transferencias del Estado van a ser acomodadas a la mala situación económica lo que, unido a una menor recaudación de los impuestos propios, va a frenar en muchos aspectos los programas que venían desarrollando.
Al analizar el conjunto de las cifras globales surge una primera duda : ¿Se cumplirán las previsiones de ingresos, considerando la recesión evidente en la actividad económica? A lo que habría que añadir una segunda ¿Se cumplirán los objetivos en cuanto a la política social y el impulso a las infraestructuras? Son dos aspectos en realidad complementarios, pero que pueden admitir tratamientos diferentes. Por una parte, ante la merma de ingresos el gobierno puede optar por acudir a la emisión de deuda - puede hacerlo sin problemas- para cumplir con sus programas, aunque se incremente el déficit público. Sería lo razonable al menos para atender los objetivos declarados prioritarios. Por otra parte podría tener la tentación de recortar gastos, incluso sociales, e inversiones y, como tantas veces hemos visto desde que tenemos vista y un poco de inteligencia, dilatar en el tiempo la aplicación de políticas de menor coste social y retrasar inversiones redistribuyéndolas en más anualidades, algo tan frecuente que se piensa que el incumplimiento de plazos es lo normal.
El presidente Rodríguez Zapatero ha insistido en que la ejecución de las políticas sociales es preferente en esta época de crisis en la que es irrenunciable apoyar a los que tienen menos recursos. Y no se trata solo de un planteamiento de justicia social, sino que también puede ser un buen instrumento para paliar las consecuencias de la las serias dificultades por las que atraviesa nuestra economía al poner a disposición de los ciudadanos medios para que no se contraiga aun más el consumo, que es uno de los motores de toda economía. Parece que en este punto no hay desacuerdo, aunque las posiciones más conservadoras prefieren una rebaja de impuestos.
La otra vía de actuación para dar cumplimiento a las previsiones, la de retrasar las inversiones en infraestructuras, tiene riesgos políticos y ha de administrarse con prudencia, porque puede comprometer la reactivación. Es como ocurre con la intensificación del control tributario que, si se aplica a las enormes bolsas de fraude que aun existen en España es positiva, pero si se usa con carácter general supone un elemento de disuasión en los emprendedores y de malestar general.
Los Presupuestos tienen un largo e intenso recorrido todavía y es de esperar que conozcan correcciones derivadas incluso de las negociaciones para conseguir los apoyos necesarios para su aprobación. Pero en la situación actual sus líneas básicas parecen inamovibles, y su aplicación tampoco parece admitir grandes variaciones.