17/01/2006 - LAS RAZONES DE BATASUNA
La actualidad política ha derivado hacia la concentración que han organizado algunos miembros de la ilegalizada Batasuna para el próximo día veintiuno de Enero, con toda su carga de desafío y de incertidumbre sobre los planteamientos políticos que en la reunión puedan hacerse, prevaleciendo las opiniones sobre una reiteración de lo que ya se dijo hace algo más de un año en Anoeta, que no fue muy trascendental, aunque supuso una variación sobre sus planteamientos anteriores. Pero en aquella ocasión, como ocurrirá ahora, faltará lo esencial: la condena sin ambages del terrorismo de ETA y el compromiso de aceptar la solución al problema vasco que se adopte democráticamente y con sujeción a los principios constitucionales.
Habría que echar mucha imaginación para conjeturar las objeciones que se opondrían al Congreso si los dirigentes presuntos de Batasuna hubieran anunciado que ambas declaraciones, la condena de ETA y la aceptación de las vías constitucionales, se iban a producir este próximo sábado. Se alegaría que no eran fiables los compromisos y que se pretendía tender una trampa al Gobierno y a la sociedad española; o que la disuelta -formalmente- formación actuaba al dictado de la organización terrorista por razones tácticas; o finalmente, que el grupo abertzale había sido disuelto y acordada su extinción como persona jurídica y no hacía falta ninguna razón más para prohibir la reunión. Esta última, curiosamente, es la única y verdadera razón para prohibir la concentración de Baracaldo el próximo viernes si, como parece, se dan indicios suficientes para estimar que los convocantes y la organización del acto coinciden con los elementos identificadores de la Batasuna disuelta.
Pero aceptando que en un estado de derecho no se puede tolerar la elusión de las leyes y de las sentencias de los tribunales, habrá que considerar si la ilegalización "ad hominem" que en su día promovió el partido popular y aprobaron otros grupos parlamentarios, ha servido para algo positivo y, de mantenerse la situación de ilegalización, si contribuirá a resolver definitivamente y con alto grado de consenso el problema de Euzkadi.
No cabe ignorar que las relaciones de Batasuna con ETA son tan reales como la vida misma, aunque la violencia como arma política la emplea solamente la organización terrorista. Pero tampoco se puede expulsar del sistema democrático a un porcentaje importante del pueblo vasco que ansían mayor autogobierno o incluso la independencia, siempre que se utilicen los medios de que se ha dotado el Estado y se rechace toda violencia. Entenderlo de otro modo equivale a trasladar al futuro la resolución del problema, quizá más envenenado y complejo, o incluso irresoluble.
Ante la muy probable prohibición del acto, un sector importante de la sociedad vasca va a entender recortado su derecho constitucional de reunión y que se le niega la posibilidad de manifestar sus planteamientos políticos. Incluso paradójicamente se le va a impedir que, como hipótesis poco probable, condene el terrorismo de ETA y la violencia, que apoye transitoriamente una tregua y el fin de la lucha armada o que acuerde llevar a la mesa de negociaciones sus propuestas, por muy rechazables que fueran.
Habría que recapacitar sobre esa interdicción de derechos políticos que se ha volcado sobre unos ciudadanos que ni amparan todos el terrorismo u otro tipo de violencia ni pretenden conseguir sus objetivos políticos al margen de los cauces democráticos establecidos. Hay que pensar que una bala de ETA, además de echar por tierra el gran proyecto de Rodríguez Zapatero para la pacificación de Euzkadi, también invalidaría de raíz las propuestas de Batasuna y de sus sucesores y partidarios. Las leyes están para cumplirlas, y habrá que cumplirlas en esta ocasión, pero habrá que ir pensando qué se hace con los derechos de unos ciudadanos españoles a los que hoy no se les permite elegir sin subterfugios a sus representantes políticos. Aunque no nos gusten.
León Buil Giral