05/10/2006 - IMPLICAR A LA JUSTICIA
Las últimas maniobras de la hermandad promotora de la teoría de la conspiración sobre el 11-M, tienden a refinar la búsqueda de algún indicio salvador en el que sustentar su teoría, al ir perdiendo uno a uno los apoyos que les brindaban algunas imprecisiones de la investigación judicial.
Después de meses durante los que el objetivo fue desacreditar directamente al Gobierno y a las fuerzas policiales, incluido el CNI sobre el que ya se tenía la experiencia de la campaña de desprestigio y menoscabo de sus cometidos a mediados de los noventa, se han aprestado otros procedimientos para seguir alimentando la hipótesis de la gran conspiración tramada en montañas cercanas o llanuras próximas, aunque expresamente se niegue con gesto escandalizado que existiera. Se trata de la vieja táctica de sembrar dudas tachonadas de afirmaciones perversas, para sacar más bien insinuaciones que conclusiones para no caer en los dominios del código penal que, aunque no lo parezca por la escasísima aplicación, aun conserva sus preceptos sobre calumnia.
Pues resulta que una vez agotados los etéreos argumentos para atacar al gobierno por no investigar adecuadamente -al gusto del hermandad- la autoría del atentado terrorista, y puesto que la cuestión etarra no proporciona más munición que la que proporciona Alcaraz con sus manifestaciones, se ha dado un paso adelante sembrando las mismas insinuaciones sobre la actuación de algunos jueces que no dictan sus resoluciones al gusto de los discrepantes. Ya semanas atrás se cargó la mano sobre los magistrados Juan del Olmo y Grande-Marlasca por algunas decisiones en relación con las manifestaciones organizadas en el país vasco y algún otro asunto conexo. También el tribunal de la propia Audiencia Nacional que decidió sobre la naturaleza del explosivo utilizado por los terroristas fue más que cuestionado. Ahora el objetivo ha sido el magistrado Garzón porque ha estimado acertadísimamente que en la actuación de los tres peritos sobre el ácido bórico hubo falsedad, con independencia de que acertaran en el informe sobre su uso en la composición de explosivos y, por el contrario, de introducir cábalas sin ninguna base respecto de la conexión entre los tres hallazgos de ácido bórico, también usado para muy distintos fines.
No cabe duda de que Garzón está bien curtido ante las críticas a los fundamentos jurídicos de sus decisiones, pero ahora se ha ido mucho más lejos: de forma ni siquiera velada se le está acusando de prevaricación, como a todos los jueces que no acepten los supuestos fácticos que se establecen en el sector mediático de la hermandad. Es una pena que estas personas no empleen su poder de información para otros cometidos más nobles y más útiles a la sociedad española, en vez de alimentar los enfrentamientos.
Pero aún sorprende más que en el mismo Consejo General del Poder Judicial se haya instalado de modo tangencial la dinámica de enfrentamiento total que aqueja al ámbito político. Sin hacer recuerdo de otras actuaciones pasadas, en las que se excedía palmariamente de sus competencias de informe, esta misma semana ha denegado amparar la independencia del juez Garzón, sin valorar una campaña de difamación que no tiene precedentes en nuestro país. Hasta el propio presidente del Consejo, parece haber dejado de lado su papel arbitral para apoyar sin excepciones las propuestas con carga ideológica de su grupo, incluso en algo tan sustancial a la judicatura como la preservación de la independencia judicial proclamada en la Constitución y en el articulo 14 de la LOPJ. El menosprecio que destilaba su comentario de hoy sobre la petición de amparo de Garzón, marca una posición bien distinta a la que tuvo el Consejo con el mismo juez en 1995 y 2002 y con otras peticiones de amparo, a beneficio de la suprema cualidad de la justicia, que es la independencia. Pero la situación es muy distinta y la politización del órgano de gobierno de los jueces es paralela a su desprestigio. Quizá la exigencia de mayoría cualificada para las próximas elecciones de vocales cambie el panorama. Actualmente, no es dudoso que si los jueces ejercen su función de modo independiente no es por recibir el apoyo del Consejo: al menos en asuntos sometidos a jurisdicción en los que subyace la estrategia de la oposición para recuperar el poder con cualquier medio a su alcance. ¿No sería mejor para todos dejar que la justicia, que el poder judicial, se preservara de toda contaminación ajena a su función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado?
León Buil Giral