19/09/2008 - LA CRISIS TEMPLA ALGUNOS ANIMOS
Hace tan solo unas semanas se apostaba abiertamente por la total soledad del Gobierno ante el importante paso de presentar y aprobar los Presupuestos Generales del Estado para el año próximo. Enredada la cuestión con las negociaciones para aprobar una nueva financiación de las Comunidades autónomas y muy especialmente de Cataluña, nadie se las prometía muy felices, y menos en el Gobierno, sobre el resultado final de una propuesta, como es la presupuestaria, sobre la que descansa la acción política de los próximos doce meses. Pero hace esas pocas semanas no se poseían los datos que hoy se tienen sobre la hondura y magnitud de la crisis económica que afecta especialmente a los Estados Unidos. Las sucesivas noticias sobre bancarrotas de grandes entidades financieras y las sucesivas intervenciones de la FED y de los Bancos centrales de los países occidentales, incluso Suiza y Rusia, han llevado al ánimo de la generalidad de los ciudadanos y de sus dirigentes políticos la idea de estarse produciendo grandes cambios en la estructura financiera mundial, sobre la que descansaba la actual etapa de globalización económica.
Hoy se sigue abordando con parecida intensidad los problemas que se presentan tanto en la vida política como en la empresa; pero en cualquier análisis y más en cualquier decisión influye profundamente la situación de los mercados financieros mundiales y las consecuencias que ya están sufriendo los sectores industrial y de servicios en nuestro país, con la reducción de ventas, morosidad creciente, retracción del turismo y otros consumos y endurecimiento del crédito. Pero aún más que las consecuencias directas, se ha instalado en la conciencia colectiva la idea de estar ante una situación mala de la que no se sabe su duración, su extensión ni tampoco su magnitud. Las sucesivas intervenciones de los (¿reguladores?) financieros públicos no han conseguido hasta el momento sino contener a duras penas el desplome de las bolsas, pero están muy lejos de asegurar la recuperación.
La influencia de los sucesivos datos negativos que también están afectando a la economía española, aunque su sistema financiero presente una indudable solidez, ha rebajado notablemente las exigencias de instituciones y particulares respecto a las exigencias de prestaciones públicas y de financiación de las instituciones que integran el Estado: desde el propio Consejo de Ministros hasta las Comunidades Autónomas que, aunque estaban inmersas en la negociación de los nuevos sistemas planteados en sus estatutos de autonomía, han tenido que rendirse a la evidencia: no está el horno para bollos.
En fin de cuentas, y aunque Rodríguez Zapatero ha excluido cualquier recorte en su política social, habrá que acomodar la aplicación de sus contenidos a la disponibilidad de medios económicos, a las posibilidades recaudatorias en una economía que se acercará al crecimiento cero, a la disminución de ingresos fiscales por la supresión de impuestos o reducción de tipos impositivos y a la imposibilidad real de poner en práctica nuevas prestaciones sociales por mucho que se amparen en leyes ya aprobadas y vigentes.
La extrema beligerancia en la reclamación de más recursos que hemos observado hace algunas semanas tanto en Comunidades Autónomas como en Ayuntamientos, ha declinado ante una realidad de crisis incontestable. No se trata ya de un problema de voluntad política. Es que no hay más cera que la que arde.
León Buil Giral