26/05/2009 - El Constitucional bajo sospecha
La decisión del Tribunal Constitucional favorable a la presentación de la candidatura de Iniciativa Internacionalista, encabezada por el dramaturgo Alfonso Sastre y en las que se integran algunas personas próximas a la izquierda abertzale más radical o, si se quiere, con simpatía e identidad de objetivos con la banda terrorista ETA, ha abierto nuevamente las compuertas a la interpretación sesgada e interesada de lo que es un Estado de Derecho, lo que representa una decisión del máximo intérprete de la Constitución especialmente en lo que se refiere a la defensa de las libertades y derechos y los límites de la crítica a sus decisiones, así como el desprecio a las decisiones de los jueces y a su independencia.
Cualquier ciudadano puede tener serias sospechas sobre una cierta connivencia entre Iniciativa Internacionalista y quienes componen el electorado que respalda o no condena la violencia etarra. Pero nadie puede tener la convicción de que exista un acuerdo cabal entre el nuevo partido político y los etarras, ni tampoco con Batasuna y sus sucedáneos, por mucho que Arnaldo Otegi haya pedido el voto de sus seguidores y de los abertzales de izquierda, hasta ahora forzados a la abstención.
La situación ha obtenido los más graves calificativos de quienes se podía suponer sesudos analistas de nuestra realidad constitucional: "desafío al Estado de Derecho", "fallo de un tribunal que ha sido tan garantista con los violentos como negligente ( ! ) para combatirlos" ,"Ha sido tan independiente respecto al Supremo como dócil al Gobierno de Zapatero"y otras expresiones semejantes insertas en medios y plumas desafectos del Gobierno, como si éste tuviera interés en que Batasuna obtenga voz en el Parlamento Europeo.
Al propio tiempo se sigue cuestionando la imparcialidad e independencia de los tribunales, como es el caso del serial con que nos sigue obsequiando "El Mundo" con su erre que erre del 11-M y las acusaciones, estas sí, directas contra el magistrado Bermúdez, ponente del juicio y de la sentencia, aunque sus compañeros de Tribunal refrendaron con su voto la propuesta de resolución. Es igual, y veremos reproducir las insidias de parcialidad cuando el Tribunal Constitucional o los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid o Valencia decidan incriminar o sobreseer los asuntos en los que parecen imputados altos cargos del partido popular, o cuando otros tribunales investiguen o persigan conductas delictivas de personajes relacionados con el mundo político, sea cual fuere su militancia, si no se ajusta el veredicto a los deseos de los nuevos inquisidores.
Esta actitud, porque no se trata de actos aislados sino de una conducta reiterada, está erosionando la autoridad científica y moral tanto del Tribunal Constitucional como la de los demás tribunales de justicia. Nadie ignora que entre los nueve millones de asuntos que se ventilan cada años en nuestros tribunales, se producen errores de bulto y desviaciones: incluso se dan verdaderas aberraciones. Pero el error tiene difícil cabida cuando quien decide es un órgano colegiado. Y si bien es cierto que la Sala del Supremo aplicó la Ley de Partidos Políticos para invalidar la lista de Iniciativa Internacionalista, igualmente acertado es que el Tribunal Constitucional, todos sus miembros, se inclinaran por defender el derecho a la participación política del artículo 23 de la C.E. El futuro nos dirá si políticamente fue un desacierto. Pero jurídicamente la decisión fue la acertada.
Pero al margen de esta incidencia, produce preocupación que se cuestione la independencia y la autoridad científica de nuestro más alto tribunal, o de otros igualmente cualificados. El Estado de Derecho y sus instituciones deben ser respetadas como base de la democracia. No se puede poner en duda la escrupulosidad y acierto de unas decisiones porque no nos gustan, o porque no se ajustan a nuestro criterio o a nuestros datos, salvo que sean irrefutables. Y en tal caso existe el recurso de revisión. Pero poner bajo sospecha a los tribunales porque se discrepe de sus resoluciones o se ponga en duda su imparcialidad, parte de poder constituir un delito, es una inmensa irresponsabilidad en el plano democrático.