26/06/2009 - EL PESO INTEMPORAL DE CIU
El vertiginoso cambio del Gobierno en relación al gravamen de las rentas más altas de los contribuyentes, ha puesto de manifiesto una vez más el dilema en el que se mueve el Ejecutivo: por una parte mantener sus tesis más progresistas amparándose en su programa, ganándose así los apoyos de la reducida izquierda parlamentaria; por otra , buscar el apoyo de los nacionalistas moderados catalanes que, pese a sus desplantes muy razonables por su exclusión del gobierno de la Generalitat, ha contribuido en el actual período democrático a la estabilidad de las instituciones del Estado desde la propia estabilidad de las que conciernen a Cataluña.
La cuestión se presenta complicada y confusa, porque también el gobierno de Rodríguez Zapatero necesita el apoyo parlamentario de los votos del PSC que en las últimas elecciones legislativas mejoró sustancialmente sus resultados, lo que podría interpretarse como un respaldo al gobierno de Montilla, quien no toleraría un acercamiento ni siquiera táctico con los convergentes. El President quizá no domine perfectamente el catalán, pero tiene un perfecto dominio del lenguaje y de los vericuetos de la política. Es difícil que le sorprendan.
Pero los convergentes saben que en las próximas elecciones autonómicas a celebrar en Cataluña se van a producir desplazamientos del electorado inducidos por la crisis económica y los recortes del Estatut por el Tribunal Constitucional que, aunque no serán realmente sustanciales, van a ser aprovechados por los grupos nacionalistas para cargar sobre sus oponentes socialistas la responsabilidad de una decisión que venía precedida y condicionada u orientada por las modificaciones introducidas por el Congreso de los Diputados, obviamente promovidas por el Gobierno socialista. El Tribunal Constitucional, para desgracia de todos los españoles, ha perdido buena parte de su crédito jurisprudencial por los irresponsables intentos de los partidos políticos de influir en sus decisiones, y ahora se recogen las tempestades. Supuesta la declaración de inconstitucionalidad de varios preceptos del Estatut, la acusación de parcialidad se trasladará a la opinión pública catalana.
Sin embargo, aparte de aprovechar cuanto les pueda beneficiar electoralmente para recuperar la Generalitat, también CIU utiliza su capacidad de comunicación para dejar claro que tiene la misma disposición favorable a colaborar en la gobernación del Estado, pero que tiene unas condiciones. Ya lo dejó expresado bien claramente Durán i Lleida en el debate sobre el Estado de la Nación celebrado hace pocas semanas: resolución definitiva de la financiación de las comunidades autónomas, planes de conjunto consensuados para salir de la crisis, reforma laboral (que no es necesaria ni exclusivamente abaratamiento del despido), inversiones en infraestructuras, financiación de las corporaciones locales, mix energético. Y como cuestiones de fondo, esfuerzo, inversión, previsión y diagnósticos claros y objetivos priorizados. Todo inobjetable ahora y siempre. Es un discurso ad hoc, pero aplicable a cualquier situación. Es el discurso de una fuerza política que, con sus altibajos y algunas salidas de tono, acepta una parte sustancial del electorado catalán y también del español. Rodríguez Zapatero tiene que atender su argumentación y aplicarlo en lo posible, que es mucho, procurando no irritar a los compañeros del PSC.
En España, en tanto no exista un partido centrista como fue el CDS, los dos grandes partidos tienen que tomar en cuenta a las formaciones nacionalistas de no alcanzar una mayoría absoluta, algo indeseable. Hará bien el Presidente del Gobierno en mantener en servicio el puente que lleva a CIU, no porque pudiera ser de utilidad en este momento, sino porque puede y debe ser en el futuro un elemento cooperador del gobierno del Estado, como lo ha sido en etapas pasadas.