10/02/2007 - TRASFONDO DE UN NOMBRAMIENTO
El solo anuncio del nombramiento como ministro de Justicia del fiscal Mariano Fernández Bermejo ha vuelto a remover las nada tranquilas aguas de las altas instancias del mundo de la justicia, pero ha provocado un huracán en las derechas política y mediática que se han apresurado a recordar que el hoy nominado ministro ha hecho profesión de progresismo, pertenece a una asociación de igual naturaleza y formó parte del equipo del ministro de Justicia socialista Fernando Ledesma. Incluso han recordado que en el Consejo Fiscal solamente obtuvo en aquella ocasión cuatro votos (los de su asociación); no recuerdan que Fungairiño fue nombrado a propuesta de Cardenal sin obtener ni un solo voto. Cosas de la memoria.
Pero aparte la reacción lógica del partido popular, que hubiera deseado que se nombrara ministro a una persona de su aire, porque aun no han asimilado que están en la oposición, y dando por esperados los no menos lógicos reparos de los medios de comunicación antisocialistas que ahora ocultan que Fernandez Bermejo impulsó la investigación de asuntos como los de Rubio y el de las escuchas del CESID, hay que reconocer que las características personales del sustituto de Lopez Aguilar difieren notablemente de las que ha acreditado su predecesor: templanza, rigor científico y dialéctico y cordialidad, que han sido ingredientes habituales en la andadura política del hasta ahora ministro de Justicia, lo que ha contribuido a dejar un buen recuerdo entre sus compañeros y a ganarse el respeto de la oposición, pese a tener que afrontar algunas iniciativas legislativas muy rechazadas por los núcleos duros de la derecha y por el estamento eclesiástico.
Hay que dar por supuesto que el nuevo ministro templará sus vehemencias y asumirá la cuota correspondiente de ataques de la oposición con elegancia y serenidad, pero también hará de la firmeza y la protesta los cauces por los que desarrollará su gestión, que en el orden técnico viene garantizada por una excelente preparación y su experiencia en puestos de responsabilidad.
Precisamente por la concurrencia de un perfil enérgico en un escenario político de máximo enfrentamiento se ha dado por supuesto -ahora- que no será posible llegar a acuerdos en materia antiterrorista, ni en la renovación de cargos en las altas instituciones del Estado, ni en las reformas pendientes de materia de justicia, como las que se refieren al Consejo General del Poder Judicial. Esto, por ejemplo, ha dicho Ignacio Astarloa: como si de haber sido otro el nombramiento se hubieran podido restaurar los puentes hacia un entendimiento.
Todo el mundo sabe, incluso los más cándidos entre los que me cuento, que no hay posibilidad de acuerdo en los temas que afectan a la política antiterrorista entre gobierno y partido popular, porque para éste se ha convertido en el núcleo fundamental de su estrategia electoral. También lo sabe Rodríguez Zapatero que, por lo visto, ha decidido relegar la remota posibilidad de un acuerdo al limbo de las buenas intenciones, centrándose en el renovado marco del proceso de paz: ningún paso hasta tanto se asegure el abandono definitivo e incondicional de la violencia por parte de los etarras.
Con el nombramiento de Fernández Bermejo se refuerza el aparato de la política antiterrorista que actualmente gravitaba pesadamente sobre Pérez Rubalcaba y el propio presidente. Este fortalece la primera línea dialéctica, lo que puede aminorar su desgaste político y personal perfeccionando la constante colaboración de la vicepresidenta Fernández de la Vega. Y reforzado el flanco político interno, y pacífico y exitoso el económico, podrá relanzar la política exterior española y recuperar el protagonismo y resultados que han declinado visiblemente en los últimos meses.