24/10/2006 - ¿QUÉ JUSTICIA QUEREMOS??
Las declaraciones formuladas ayer por el magistrado Bermúdez al diario "El Mundo" constituyen un ejemplo paradigmático de lo que no debe hacer el juzgador en ningún caso: tomar partido y adelantar sibilinamente su opinión en una cuestión sometida a su jurisdicción que, con mayor motivo que la conducta prohibida en el artículo 396 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, atenta contra la ecuanimidad y la prudencia exigible a quien administra justicia, más aun cuando dirigirá el juicio oral por el atentado terrorista del 11-M que acumula el ser uno de los procesos más enreversados que ha conocido la justicia española y encerrar la mayor carga política que se ha dado desde el juicio de los GAL.
El tenor literal de la entrevista, por otra parte, deja entrever un cuestionamiento de la actividad instructora y general de los magistrados Garzón y del Olmo, lo que no tendría más importancia que entrar en colisión marginal con una rotunda prohibición de la ley orgánica citada anteriormente, como es "corregir la interpretación del ordenamiento jurídico" hecha por sus inferiores, si no fuera porque su peor consecuencia es que porque proporciona munición a quienes vienen objetando el funcionamiento de los tribunales cuando sus decisiones no les gustan.
Pero por el contrario y al propio tiempo la sección 4ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que preside el mismo magistrado Bermúdez, ha rechazado el recurso de apelación interpuesto por las representaciones de los integrantes de la mesa nacional de Batasuna, confirmando el auto de procesamiento dictado por el magistrado Garzón, evidenciando así que en el período de instrucción se habían encontrado datos suficientes para incriminar a los dirigentes de la considerada rama política de ETA; y que en el campo de la aplicación del derecho, no son tantas las diferencias.
Ahora la cuestión se presenta como una tajante disyuntiva: Los tribunales españoles, ¿siguen las recomendaciones del Gobierno o actúan libremente? Para quienes alientan la teoría de la conspiración del 11-M y sus anejos o la dependencia de la justicia respecto del poder político, como es el caso de la propia Batasuna y otros grupos extra sistema, el poder judicial que reside en los juzgados y tribunales -otra cosa es el Consejo General del Poder Judicial- puede ser manipulado y condicionado, directa o indirectamente, por el poder político. Y puede que en algún caso muy especial sea así, como es también explicable que el pensamiento ideológico de los jueces pueda influir siquiera involuntariamente en sus resoluciones. Pero rechazar o incluso ridiculizar el proceder de algunos jueces determinados porque no siguen las pautas de un determinado posicionamiento político o las teorías de algunos iluminados mediáticos, es una estupidez y una actitud nada democrática.
Y nada democrática es la actitud de la izquierda abertzale vasca cuando critica, por ejemplo, la confirmación de los procesamientos y pide al Gobierno que detenga la "persecución" que dicen sufrir, como si fuera posible influir en Garzón, en del Olmo o en Grande Marlasca, es lo mismo. Y nada democrática es su renuencia a cumplir las exigencias que se aplican a cualquier partido político, como es la exclusión y condena de toda violencia incluida la kale borroca, o su resistencia a aceptar las decisiones de la justicia fundamentadas en leyes que tienen amparo universal, como es el tratamiento penal del terrorismo. Pero, eso sí, invocan a la justicia y a la democracia para servirse de ellas con arreglo a sus intereses.
Ante unos casos y otros, en los que con distinta intensidad y trascendencia, y según sus decisiones, se impugna la ejecutoria de los miembros del poder jurisdiccional, habrá que preguntarse qué clase de justicia desean, o si de verdad se quiere que brille la justicia o por el contrario, la arbitrariedad y el atropello.