30/01/2006 - ¿SON ESTADO LAS COMUNIDADES AUTONOMAS?
Las repetidas escenas a la entrada de la Moncloa, en las que Rodríguez Zapatero estrecha las manos de Mas y Durán, Saura y Maragall, han compuesto una imagen de la que cualquier observador de buena fe deducirá que se ha dado con la solución final al Estatut. Los refunfuños del grupo de suspicaces y los reduccionismos de quienes se oponían visceralmente al texto del Parlament, forman con el cambio en la táctica del partido popular la prueba plena del acierto que supone la fórmula propuesta. Y por si no fuera bastante, la reacción de ERC y su cuestionamiento del apoyo que venía prestando al gobierno socialista en Madrid, corona como si fuera la prueba del nueve un resultado conveniente que encamina a la política española en términos mucho más amplios de lo que constituye el problema territorial.
La reacción del partido popular ha sido buscar nuevos medios de oposición para mantener el ambiente de tirantez y discrepancia radical a la reforma estatutaria apoyándose, de una parte, en el borrador del Consejo de Estado sobre la reforma constitucional que ahora consideran preferente -aunque hace solo una semana la rechazaban-; y por otra, proponiendo al igual que Ibarretxe un referéndum sobre la unidad de España, pese a conocer su ilegalidad, con la pretensión no confesada de atraer el voto instintivo de un sector de la sociedad, notablemente influida por la campaña mediática aneja que ha presentado al conjunto de Cataluña y de los catalanes como separatistas y antiespañoles. Al fin, hasta Piqué se ha sometido a las directrices de la campaña que busca dar un vuelco a la situación política, sin importarle que ERC haya quedado marginada y que el Estatut resulte plenamente constitucional y quede preservada la unidad y la fortaleza del Estado.
Porque en la barahúnda orquestada en los últimos mesese se ha perdido el sentido de la realidad y la autoridad de conceptos que hasta ahora se consideraban permanentes, como es el de Estado y sus elementos fundamentales: comunidad organizada, territorio definido, orden y poder jurídico soberano y objetivo del bien común. Con diferencias que no son siempre de matiz, estos elementos configuran, junto con frecuentes referencias a la permanencia histórica -algo que únicamente puede admitirse desde que aparece el Estado moderno-, lo que se entiende en todo el mundo como un sujeto público distinto de la nación o del pueblo, con vocación de permanencia e inserto en un sistema político democrático como condición indispensable.
En España se tomo en el preríodo constituyente el acuerdo de ceder a las regiones que tenían una identidad social y cultural alcanzadas en su devenir histórico, algunas de las funciones que venía desarrollando de modo centralizado el Estado. En otros países se remitieron muchas de esas facultades a los municipios y a los condados, o a otras circunscripciones administrativas. En otros casos fueron los distintos territorios los que cedieron algunas de sus competencias y funciones a favor de una entidad superior que sobrevenía soberana. Y sin embargo, siempre se ha considerado en unos y otros casos que el conjunto resultante de entes, funciones y niveles políticos y administrativos constituyen el Estado, como también en España lo conforman los municipios y provincias. La cuestión no reside en quién desarrolla una función o ejecuta una competencia, sino cómo se articulan las bases de aplicación general para un buen gobierno de todo el país que garantice la igualdad de derechos de todos los españoles.
Con la Constitución como referencia obligada en todo estatuto de autonomía, no cabe ninguna duda que las nacionalidades y regiones son Estado y desarrollan con eficacia funciones que se les han transferido, como es previsible que se dote de mayores competencias a los ayuntamientos. Y este planteamiento no tiene por qué debilitar al conjunto del Estado, ni tampoco a sus facultades soberanas frente a terceros países o a la ordenación general de las normas y de las instituciones y recursos. Cuando se opina rectamente de otro modo, y son muchos los ciudadanos que creen que se está desmantelando el Estado, se está bajo la influencia secular de un modelo centralizado y uniforme en el que solo los municipios tenían una autonomía vigilada por el poder central. En realidad el sistema era sucesor de la monarquía absoluta, aunque sujeto al poder constituido en el parlamento, pero con la misma naturaleza centralizadora presente en todas las decisiones. Ahora, desde la Constitución de 1978, la estructura del Estado ha cambiado y una parte importante del poder político está otorgado a las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de la soberanía que el pueblo español ha declinado en unas instituciones que representan al conjunto de la nación. Por esto, las Comunidades Autónomas, también Cataluña, son Estado.
León Buil Giral
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