18/03/2011 - EL COSTE DEL ABUSO
El descubrimiento de hechos delictivos o irregulares cometidos por políticos, tanto en las filas del partido gobernante como en los de la oposición, se ha comprobado en términos de encuesta que afecta muy poco a las preferencias electorales, cuyos datos manifiestan gran fidelidad de voto entre los electores de los partidos de la derecha conservadora y de la izquierda. Del mismo modo, las actuaciones políticas relativas a infraestructuras o mejora de servicios en determinados focos territoriales, resultan neutras en cuanto a previsiones electorales ya que, si bien se agradece la atención política a colectivos o territorios determinados, no afectan aparentemente al sentido del voto de los afectados.
Estas dos constataciones hacen útil analizar qué razones o móviles son los que subyacen entre los electores para tener estas actitudes ante fenómenos tan importantes como la corrupción entre personas con altas responsabilidades políticas o, por el contrario ante actuaciones políticas de trascendencia para determinados colectivos o territorios. Por ejemplo: el anuncio de construcción del Corredor Mediterráneo de ferrocarril, es una noticia muy grata para todo el Levante y el sureste español, pero es dudoso que influya en los resultados electorales de esta zona, aunque sí es probable que suponga una merma de votos a las candidaturas socialistas afectadas por la Travesía Central del Pirineo, relegada ad calendas grecas, aunque el ministro se haya acordado de mencionarlas.
En cuanto a las nulas consecuencias electorales de los casos de corrupción, la explicación es bastante simple, por cuanto ya son muchos los casos en los que no solo no se han traducido en una pérdida de votos, sino que por el contrario han aumentado las adhesiones al corrupto. Esto ha ocurrido a escala local, pero en repetidas ocasiones, y hay que interpretarlo por una parte como la pérdida de valores éticos en nuestra sociedad y su sustitución por el éxito económico; y por otra, por la excepcional carga ideológica de un sector muy importante del electorado, dispuesto a votar a su partido o sus líderes a toda costa, siquiera para hundir al adversario. Con el apoyo de las declaraciones de muchos líderes que descalifican a las fuerzas policiales, a los fiscales y tribunales, son muchos los ciudadanos para quienes las sentencias o resoluciones judiciales carecen de autoridad y legitimadad, por lo que no influyen el sentido de su voto. Es la situación real de la actualidad política, en la que el objetivo básico de una parte importante del electorado de derechas es hundir a Rodríguez Zapatero, aun a costa de arremeter contra las instituciones y romper objetivos que deberían ser comunes a todas las fuerzas políticas democráticas.
Una situación como la descrita no se produce espontáneamente, sino que tiene unas causas determinadas o determinables: casi siempre la torpeza, el sectarismo o la inoportunidad de los dirigentes políticos, prisioneros de sus militantes más radicales o cegados por el poder o por sus expectativas. Así no debe sorprender que Rajoy y sus adláteres arremetan contra determinadas políticas económicas del gobierno, excediendo lo racional y proporcionado, por lo que se exponen a recibir algún revolcón y , sobre todo, a quedar mal ante una parte de sus potenciales electores. Otro tanto cabe decir en política exterior, en la que hay que mantener la dignidad y la racionalidad, por lo que el Gobierno ha acertado siguiendo las indicaciones de sus socios europeos para remontar la crisis económica, o se ha unido o incluso liderado al grupo de naciones que apoyan soluciones democráticas en el Magreb. Arremeter contra Marruecos o contra Argelia por cualquier cuestión sin importancia, como en otras ocasiones ha preconizado el partido popular, además de suponer una deslealtad es una torpeza que debería tener su coste electoral; pero no es así. Y es que la oposición comete muchas torpezas e irregularidades, pero los vientos favorables las desvanecen ante los electores.