02/05/2008 - ¿Preocupa la situación de la Justicia?
La pregunta puede considerarse estúpida si se refiere a los justiciables, que soportan demoras inadmisibles en los procesos en los que son parte o simples allegados. La insatisfacción con la prestación de un servicio que es capital en un sistema democrático, alcanza a un alto porcentaje de la población española que, además, desconfía de la independencia de los jueces. En el Barómetro del CIS de diciembre de 2005, el 71,4% de los encuestados consideraban que los juzgados y tribunales de justicia funcionaban de modo regular o mal, y solo el 19% estimaba que funcionaban bien. Entre los defectos apuntados, el ochenta por ciento señalaba la lentitud en la resolución de los procesos y el cincuenta y cinco por ciento la carencia de medios personales y materiales.
Como consecuencia más grave de esta situación, de la misma encuesta se desprendía que la confianza en la justicia era poca o ninguna para el 56,30% de los consultados, calificación que alcanzaba al 47,30% respecto del Consejo General del Poder Judicial y al 39,50 sobre el Tribunal Constitucional. Estos resultados hay que calificarlos de alarmantes aunque no se diferencian mucho de otras naciones como Francia y Alemania, y resultan ser mejores que las correspondientes a Italia. Pero estas comparaciones no deben servir de consuelo, máxime cuando de otros exploraciones parciales posteriores, no solo no ha mejorado la situación y la valoración de la justicia, sino que ha empeorado.
Sin embargo, tanto en la campaña electoral como posteriormente, poco se ha debatido de un asunto que ha estado siempre en todas las agendas de los sucesivos gobiernos, pero que no ha recibido la atención adecuada al aumento general y constante de la litigiosidad y de algunos tipos de delincuencia.
En el debate de Investidura, Rodríguez Zapatero decía que "la reforma de la Justicia se ha convertido en un objetivo crucial e inaplazable" para añadir que"el diagnóstico sobre sus deficiencias está claro". Ahora hay que poner en juego la voluntad política para corregirlas..." Se extendía a continuación en la necesidad de reformas de las leyes procesales, en el cambio del modelo de gestión, la renovación de la Oficina Judicial, el aumento de la Planta judicial, la aplicación de las nuevas tecnologías de la información, el fortalecimiento de los Tribunales Superiores de Justicia y otras cuestiones como la descentralización del Consejo General del Poder Judicial.
Ninguna novedad y escasa operatividad de algunas de estas medidas. Se nota que ni el presidente del gobierno ni sus asesores han ejercido la abogacía, porque confiar en que con la descentralización del Consejo General del Poder Judicial o medidas semejantes se va a resolver algo de la mala situación actual, es tanto como desconocer que una gran mayoría de los Juzgados de todas las jurisdicciones están bloqueados por el trabajo y superan con creces las ratios establecidas por el órgano de gobierno de los jueces. Es ahí y en el desfase y arcaísmo de los procedimientos penales, así como la tardanza de las ejecutorias civiles ( 29,5 meses de media) donde radican la mayor parte de los problemas. Y a su resolución hay que dedicar los primeros y mayores esfuerzos. No se puede exigir a un juez celeridad, inmediatividad, profundidad de argumentación y acierto si tiene que intervenir en más de dos millares de asuntos cada año como tienen de media los juzgados de 1ª Instancia e Instrucción, aparte de los de auxilio judicial, lo que lleva a que sea casi general que tengan que ampliar su trabajo en el propio domicilio. Y para colmo, cuando hay algún error judicial entre los más de ocho millones de asuntos resueltos, por ejemplo en el último año, todo el mundo se echa al cuello del culpable, de sus compañeros y de la justicia en general.
Ante un problema tan profundo, que no puede ser resuelto abriendo las puertas de la judicatura ni dando la vuelta a las leyes de enjuiciamiento vigentes, se impone un programa de actuaciones ambicioso y continuado, quizá nada brillante, pero que debe dar respuesta a la gran preocupación que se ha instalado en nuestra sociedad. No basta con afirmaciones genéricas ni propuestas abstractas.