13/02/2007 - EL SUPREMO ¿CEDE?
En este infierno de despropósitos y lucha sorda entre las dos Españas, porque hay que empezar a hablar con claridad y perder el miedo a reconocer lo que es evidente, se pueden producir situaciones que van desde el absurdo a lo grotesco o desde la estupidez a lo delictivo. Ayer nos sorprendía la noticia indigerible de la denuncia de José Blanco por unas letrillas que le dedicaron algunos asistentes a la manifestación organizada por el Foro de Ermua, de evidente mal gusto e intencionalidad injuriosa, pero nada más. Hoy es la interpretación que hacen de la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo algunos medios de la derecha, que pueden calificarse de torticeros en algunos casos como es el de ABC en su editorial, un modelo de confusión y segundas intenciones, o estrictamente calumniosos al acusar de prevaricador al tribunal "por ceder a las presiones" como se lee en un comentario de Periodista Digital.
No debería extrañar que ante la ruptura de la sociedad o de sus sectores más politizados, se cosechen estos resultados y se interprete al gusto de cada cual una sentencia que, aunque aún no se conoce su contenido, ha sido dictada por una amplia mayoría de los trece magistrados que, por cierto, responden en gran parte a un perfil conservador. Y en segundo lugar, que son los máximos intérpretes de las leyes penales y con una acreditada preparación científica y una larga experiencia. Como elemento adicional, se puede comprobar que en toda la historia de los tribunales españoles nunca se había impuesto una tan alta condena como la de la Audiencia Nacional por unos artículos en lo que se vertían amenazas a personas singulares y determinadas con un tono "más injurioso que amenazante" como decía la propia sentencia de instancia.
Pero ahora resulta que el mismo Tribunal que condenó a Segi, Jarrai y Haika por considerarlas terroristas, dicta una sentencia que para el presidente de la AVT es "indigna", el partido popular no comparte pero la acata y hay que esperar que le echará la culpa al Gobierno, y para la cohorte mediática que viene propiciando el desgaste del gobierno es sorprendente, increíble, desazonadora o absurda.
De todo este conflicto jurídico-político-mediático que se venía preparando desde hace meses derivándolo hacia el Fiscal General y el gobierno, agravado por el acuerdo del Constitucional sobre la recusación de Pérez Tremps, se ha sacado al menos en limpio que se puede confiar en la independencia de los tribunales, al menos en la cúpula del poder judicial. Hay que recordar que el Tribunal Constitucional no forma parte del poder judicial ni tampoco el Consejo General del Poder Judicial, algo que se olvida con demasiada frecuencia. Y es reconfortante en este clima de recelos y juego sucio que el Tribunal Supremo haya administrado justicia sin dejarse presionar por quienes no buscan que se haga justicia, sino más bien que la justicia respalde sus planteamientos políticos y electorales.
León Buil Giral