24/07/2008 - BALANZAS FISCALES Y PESO DEL DINERO
La publicación de las balanzas fiscales de las Comunidades Autónomas se tradujo, como era de esperar, en interpretaciones tan diversas sobre sus resultados como los métodos de cálculo adoptados, sin que se produjera ninguna sorpresa notable. En los límites de las estimaciones, nada nuevo irrumpe en lo que era conocido por los distintos gobiernos autonómicos y del Estado y asumido en la presunción popular: que los territorios levantinos con Madrid y el valle del Ebro eran contribuyentes netos, en muy distinta cuantía y proporción; y que Extremadura con la cornisa Cantábrica -.excepto país vasco- con Galicia y Andalucía eran receptores. El estudio elaborado por un grupo de expertos del Instituto de Estudios Fiscales y publicado hace unos días, deja las cosas donde estaban, quizá con matizaciones como el llamativo saldo positivo de Asturias y el más moderado de Andalucía que en todos los enfoques se queda en poco más del 4% como receptora neta.
Otra consideración bien distinta es la cuantificación de los saldos, positivos o negativos, traducidos en euros. Resulta así que con el enfoque carga-beneficio de Madrid se detraen más de catorce mil millones de euros y más de once mil de Cataluña, aunque considerando la incidencia del impuesto de sociedades en el cálculo se habrá producido una cierta distorsión al alza.
Pero como ya se ha comentado en otro lugar, la publicación de las balanzas fiscales, aparte de no cambiar sustancialmente la idea que se tenía sobre la contribución de los distintos territorios al reequilibrio y al principio de solidaridad, ha introducido una notable carga política y a veces demagógica en el proceso de reforma de la financiación de Comunidades Autónomas y Corporaciones locales. Partiendo de la base de no considerar fehacientes los datos publicados, las distintas instituciones territoriales interesadas tratan de hacer valer su contribución económica para obtener un tratamiento especial más beneficioso, además de pretender introducir criterios como el aumento de población, la dispersión geográfica o el envejecimiento.
Nadie duda que el aumento poblacional o población total será el criterio básico para reordenar la financiación autonómica, aunque también puedan introducirse otras reglas. Pero lo que se pone en juego, ahora con el apoyo aunque sea discutible de las balanzas fiscales, es el dinero. Y más allá de la cantidad que cada comunidad pueda allegarse con las nuevas normas, habrá que determinar hasta qué punto y porcentaje tienen que contribuir al desarrollo de otras regiones españolas; dónde acaba la solidaridad, que nadie rechaza, y dónde comienza el dispendio; por qué a unos territorios se les reconocen y abonan deudas históricas y a otros ni se les da pie a discutirlas.
Solbes, siempre tan comedido y circunspecto, quedó visiblemente disgustado ante el resultado de la reunión del CPFF en la que hubo de todo, pero también avisos muy tajantes sobre tratamientos específicos exigidos por algunas comunidades, especialmente Cataluña por boca de su consejero Castells. La bilateralidad en las negociaciones, que figura en algunos estatutos, trata de colarse como eje de la negociación de una norma que, por esencia tiene que ser general. Pero el peso del dinero y la dinámica política interna en algunas Comunidades obligará a hacer excepciones, aunque las previsiones económicas y presupuestarias avanzadas hoy mismo por el vicepresidente económico no permitirán muchas alegrías. Ya lo veremos.